Reforma es la palabra de moda. Y, cualquier término que se le agregue lleva a la polarización política, social y económica. Si es la Judicial, ha puesto los pelos de punta a distintos sectores por la celeridad que el oficialismo le puso a su tratamiento en el Senado y por el interés del cristinismo en avanzar con esos cambios. “Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, afirmó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un posteo en las redes sociales. “La primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación”, señaló a propósito de los cuestionamientos realizados al proyecto. Indudablemente que esta iniciativa encuentra a los principales dirigentes políticos con caminos separados. Con sus bemoles, el presidente Alberto Fernández tiene ciertos repartos (no públicos) a la idea reformista, que colisiona con el pensamiento de Cristina. Otro tanto sucede con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, que -entrelíneas- cree que hay cierto avance del kirchnerismo en cuestiones que pueden tener un alto impacto electoral para una coalición bajo el signo justicialista.

La reforma tributaria golpea a la clase media. “La idea es gravar más a aquellos sectores de mayor capacidad contributiva y ampliar la base de los impuestos progresivos en la Argentina”, afirmó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, al referirse a los cambios que el Gobierno nacional quiere introducir en la política impositiva. El problema que existe respecto de esa iniciativa es que, en medio de la pandemia de la covid-19, que ha llevado a la quiebra a muchas pequeñas y medianas empresas, que ha causado estragos en las cuentas y en la productividad de todas las empresas y que ha erosionado el bolsillo de los argentinos, la Casa Rosada intente motorizarla. El efecto recaudatorio asoma como la principal causa de tales cambios, más allá de que los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales constituyen una verdadera telaraña que hace que un argentino deba trabajar poco más de la mitad del año para cumplir con todas esas obligaciones impositivas.

La tercera reforma es más sectorial y ya encontró incluirse en la agenda de algunas provincias: es la constitucional. Las modificaciones a las Cartas Magnas de cada distrito del país suelen llevar la impronta de una necesidad de perpetuidad de los gobernantes de turno. En la Argentina no existe la cultura de la alternancia, mucho menos en la generación de nuevos cuadros políticos que alimenten con nuevas ideas a un país que ya se está acostumbrando a vivir en la recesión económica, con consecuencias sociales. Juan Manzur no le escapa a esa ola reformista. Pero está pagando las consecuencias de su apego a un proyecto político que vio nacer de la mano de la mujer que nominó al actual presidente de la Nación, pero de la que el tucumano supo decir que su tiempo político ya había expirado.

Mientras Alberto Fernández no se decida a conducir el Partido Justicialista o a ponerse en la punta de una mesa de concertación social, política y económica, Manzur seguirá en off side frente a un cristinismo que le sigue pasando facturas y que está intentando instalarse en territorio tucumano a través de organismos afines a la vicepresidenta de la Nación. El tucumano, mientras tanto, sigue construyendo la mesa de diálogo intersectorial, aunque la Casa Rosada alimenta la polarización con sectores más duros de la oposición nacional.

El sábado no es un buen día para que el gobernador desarrolle actividades políticas e institucionales. Los hechos reafirman este concepto. El sábado 15 de este mes, Manzur entró en colisión con su par jujeño Gerardo Morales por la provisión de oxígeno por parte de una empresa tucumana (Cascia). Hubo un problema de interpretación del mensaje del mandatario provincial, sumado a la susceptibilidad de la gestión radical jujeña frente a lo que consideran un embate del peronismo hacia ese distrito agobiado por la covid-19. Lo concreto es que no hubo donación. Lo que no se sabe es si Manzur y Morales aclararon entre ellos los tantos, sin intervención de la dirigencia intermedia. El sábado pasado, Manzur registró otro roce (y van...) con su vicegobernador Osvaldo Jaldo por la presentación del equipamiento adquirido por la provincia para atender a los pacientes covid. El presidente de la Cámara, un poder que donó $ 293 millones, no fue de la partida y, al día siguiente, pasó factura al Ministerio de Salud. Manzur agradeció el lunes las donaciones de otros poderes y organismos; Jaldo terminó diciendo que era un error de forma, no de fondo. Colorín, colorado...

En el circo de la política, Manzur termina siendo una suerte de equilibrista en medio de tantas tensiones y polarizaciones; las propias y las ajenas también. La diáspora peronista puede causar sangrías, más allá de la pandemia. A poco más de un año de las elecciones de medio turno, el Gobierno juega con fuego: embiste contra los sectores medios e independientes que, en otros períodos electorales confiaron en una gestión más moderada y que no repita los errores del pasado.